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Definición de Lucha contra el fraude
La lucha contra el fraude y la corrupción se inscribe en el marco general de la lucha contra la delincuencia organizada, si bien concierne también más concretamente a la lucha contra todas las actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Comunidad. Forman su base jurídica dos disposiciones:? el artículo 29 del Tratado de la Unión Europea pide, en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal, «una mayor cooperación entre las fuerzas policiales, las autoridades aduaneras y otras autoridades competentes de los Estados miembros, ya sea directamente o a través de la Oficina Europea de Policía (Europol)»; ? el artículo 280 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se refiere a todo lo que afecte a los intereses financieros de la Comunidad, y pide al Consejo y al Parlamento Europeo que adopten medidas con arreglo al procedimiento de codecisión, previa consulta al Tribunal de Cuentas. Desde junio de 1999, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) es responsable dentro de la Comisión de combatir el fraude. La OLAF sustituye a la Unidad de Coordinación de la Lucha contra el Fraude (UCLAF), que se creó en 1988.Para reforzar la acción comunitaria en la lucha contra el fraude, la Comisión Europea propuso, con motivo de la Conferencia Intergubernamental de Niza (febrero de 2000), la introducción en los Tratados de una base jurídica destinada a establecer un sistema de normas sobre las acciones judiciales penales relativas a fraudes transnacionales, así como la designación de un fiscal europeo responsable de coordinar las investigaciones y reprimir los delitos contra los intereses financieros de la Unión. Esta propuesta dio lugar a un Libro Verde (diciembre de 2001) sobre la protección penal de los intereses financieros comunitarios y la creación de un fiscal europeo.La Constitución Europea, en vías de ratificación, mantiene el texto del artículo 280 del Tratado CE, aunque suprime una parte de dicho artículo y abre la posibilidad de que la Unión adopte medidas penales adecuadas para proteger sus intereses financieros. La Constitución prevé, además, el establecimiento de una Fiscalía Europea que se creará a partir de Eurojust y cuyo objetivo será combatir las infracciones que afecten a los intereses financieros de la Unión.
 
 

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