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Definición de Ciudadanía de la Unión
La ciudadanía europea fue instituida por el Tratado de la Unión Europea (TUE), que se firmó en Maastricht en 1992. La ciudadanía de la Unión está supeditada a la nacionalidad de uno de los Estados miembros. Así pues, será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro. Además de los derechos y los deberes previstos por el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), la ciudadanía de la Unión reconoce cuatro derechos específicos:? la libertad de circulación y de residencia en todo el territorio de la Unión; ? el derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales y al Parlamento Europeo en el Estado de residencia; ? la protección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en un tercer país si el Estado miembro del que se es nacional no está representado en ese país (artículo 20 TCE); ? el derecho de petición y de recurso al Defensor del Pueblo Europeo. A raíz de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam (1999), el estatuto de «ciudadano europeo» confiere también los derechos siguientes:? el derecho a ponerse en contacto con las instituciones europeas en una de las lenguas oficiales y a recibir una respuesta redactada en esa misma lengua; ? el derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, a reserva de la fijación de determinadas condiciones (artículo 255 TCE); ? el derecho de no discriminación por razón de la nacionalidad entre ciudadanos de la Unión (artículo 12 TCE) y el de no discriminación por motivos de sexo, origen racial, religión, discapacidad, edad u orientación sexual; ? la igualdad de acceso a la función pública comunitaria. La instauración del concepto de ciudadanía de la Unión no sustituye, sino que se añade a las ciudadanías nacionales. Esta complementariedad vuelve más tangible el sentimiento de pertenencia del ciudadano a la Unión.La Constitución Europea, en vías de ratificación, prevé una nueva base jurídica que permita a la Unión adoptar leyes que establezcan las medidas necesarias para facilitar la protección diplomática y consular de los ciudadanos europeos. Con arreglo a los Tratados actuales, incumbe a los Estados miembros definir tales medidas.
 
 

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