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Definición de Carta de los Derechos Fundamentales
A raíz del 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en diciembre de 1998, el Consejo Europeo de Colonia del 3 y 4 de junio de 1999 decidió emprender la redacción de una Carta de Derechos Fundamentales para reunir los derechos fundamentales en vigor en la Unión en un único texto y darles mayor relevancia. La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE fue proclamada solemnemente por el Consejo Europeo de Niza el 7 de diciembre de 2000. Está basada en los Tratados comunitarios, los convenios internacionales, incluidos el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y la Carta Social Europea de 1989, las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y en las declaraciones del Parlamento Europeo. La redacción del proyecto de carta se encomendó a un foro especial, una Convención, compuesta por 62 miembros, entre ellos representantes de las instituciones europeas y de los gobiernos de los Estados miembros. La Carta define, en sus 54 artículos agrupados en siete capítulos, los derechos fundamentales en lo tocante a dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia. La Constitución, en proceso de ratificación, supone un importante avance en lo que se refiere a la protección de los derechos fundamentales en la Unión. Incorpora la Carta de los Derechos Fundamentales y confiere competencia a la Unión para adherirse al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Al incorporar a la Constitución la Carta, que hasta ahora era una Declaración solemne de las instituciones, la Unión y sus Estados miembros se dotan de un catálogo de derechos fundamentales que será jurídicamente vinculante para los signatarios del texto. La Carta cobra, por otra parte, mayor visibilidad para el conjunto de la ciudadanía, que estará mejor informada de sus derechos. El texto incluye además una serie de derechos no contemplados en el CEDH, que se limita a proteger los derechos civiles y políticos. Entre ellos cabe mencionar los derechos sociales de los trabajadores, la protección de datos, la bioética y el derecho a una buena administración.
 
 

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