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Sala primera. sentencia 212/2003, de 1 de diciembre de 2003. recurso de amparo 6429/2001. promovido por don Ángel carlos figueroa fernández frente a los autos de la audiencia provincial de palencia y de un juzgado de vigilancia penitenciaria que estimaron su queja, pero le prohibieron dirigirse a cualquier funcionario de prisiones como sr. carcelero. vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión: restricción de la libertad de expresión por órgano judicial incompetente en un procedimiento sin garantías.

Publicado: 2004-01-08 00:00:00

la sala primera del tribunal constitucional,

compuesta por don manuel jiménez de parga y cabrera,

presidente, don pablo garcía manzano, doña maría emilia

casas baamonde, don javier delgado barrio, don

roberto garcía-calvo y montiel y don jorge rodríguez-zapata

pérez, magistrados, ha pronunciado

en nombre del rey

la siguiente

sentencia

en el recurso de amparo núm. 6429-2001, promovido

por don Ángel carlos figueroa fernández, representado

por el procurador de los tribunales don joaquín pérez

de rada gonzález de castejón y asistido por el abogado

don josé miguel moreno ochoa, contra el auto de 5

de noviembre de 2001 de la sección primera de la

audiencia provincial de palencia y los autos del juzgado

de vigilancia penitenciaria núm. 2 de castilla-león

(burgos) de 10 de julio de 2001 y 3 de agosto de 2001.

han intervenido el ministerio fiscal y el abogado del

estado en la representación que ostenta. ha sido ponente

la magistrada doña maría emilia casas baamonde, quien

expresa el parecer de la sala.

i. antecedentes

1. por escrito registrado en este tribunal el 7 de

diciembre de 2001, don Ángel carlos figueroa

fernández solicitó se le nombrara abogado y procurador de

oficio y manifestó su voluntad de recurrir en amparo.

tras serle nombrados ambos, don joaquín pérez de rada

gonzález de castejón, procurador de los tribunales, en

nombre y representación de don Ángel carlos figueroa

fernández, formalizó la demanda de amparo contra los

autos meritados en el encabezamiento.

2. los hechos relevantes para la resolución del

presente amparo son, en síntesis, los que a continuación

se relatan:

a) el recurrente, interno en el centro penitenciario

de la moraleja -dueñas (palencia)- presentó un escrito

de queja ante el juzgado de vigilancia penitenciaria

relatando los hechos sucedidos el 18 de enero de 2001

en el centro penitenciario, en relación con el

comportamiento de un funcionario de prisiones en el cambio

de celda y el cacheo al que fue sometido dicho día.

en particular, el interno se quejaba de que se habían

esparcido sus pertenencias por la celda y de que con

posterioridad el citado funcionario se había dirigido a

él en los siguientes términos: tú eres un mierda, eres

un mierda y un asesino, eres un mierda y un asesino,

y eso te repito aquí, delante de tu compañero, te lo

digo delante de tu amiga la jueza, y donde quieras.

el interno relata también que se había dirigido al

funcionario como señor carcelero, que el funcionario le

dijo que no le llamara así y que se iba a arrepentir, a

lo que el mismo contestó que señor carcelero no es

un insulto sino el nombre de un oficio. en la queja el

interno alegó la vulneración de los arts. 15 y 18 ce

y 3 y 6 de la ley orgánica general penitenciaria, núm.

1/1979, de 26 de septiembre (en adelante, logp).

b) el juzgado de vigilancia penitenciaria, tras pedir

informes al centro penitenciario, que se tomara

declaración al funcionario mencionado en el escrito de queja

del interno, a los funcionarios de guardia en el módulo

el día del incidente y a otro interno que había presenciado

parcialmente los hechos, emitió el auto de 10 de julio

de 2001 estimando la queja del interno. en dicho auto

consta en el razonamiento jurídico segundo: dos son

las cuestiones que se van a tratar en esta resolución.

la primera, los posibles insultos de un funcionario de

prisiones al interno quejoso; la segunda, los posibles

insultos del interno al funcionario de prisiones. en el

mismo razonamiento jurídico se estima la queja del

inter

no. en el razonamiento jurídico tercero de dicho auto

se afirma, respecto de la segunda cuestión, que de las

actuaciones deriva la actitud despreciativa del interno

al dirigirse al funcionario de prisiones y el ánimo de

menosprecio, de insultar e injuriar, en consecuencia se

ordena: debiendo abstenerse en un futuro de utilizar

tal expresión so pena de incurrir en falta disciplinaria

del art. 109 a) del reglamento penitenciario.

finalmente, en la parte dispositiva de dicho auto se dispone:

estimar la queja de Ángel figueroa fernández, debiendo

abstenerse el interno de utilizar la expresión sr.

carcelero para dirigirse a cualquier funcionario de prisiones

en los términos citados en los razonamientos jurídicos

de esta resolución.

c) el interno recurrió el citado auto en reforma y

subsidiaria apelación, alegando vulneración del derecho

a la tutela judicial efectiva sin indefensión, pues en el

procedimiento se habían recabado informes y se habían

realizado actuaciones sin habérsele dado traslado de las

mismas, para así poder acceder, en igualdad de

condiciones, a su evaluación y poder, con base en ellos,

realizar o no cuantas alegaciones estimase oportuno.

además, alegó que la decisión del juzgado de vigilancia

penitenciaria, en apariencia salomónica, de un lado,

corrige a un miembro de la administración penitenciaria que

es función que las leyes le dan a los juzgados de

vigilancia penitenciaria [y de otra] trata de legitimarse ante

la prisión emitiendo juicios de valor subjetivos sobre el

preso al que ha perjudicado la actuación del carcelero,

justificando de esta forma la actitud del carcelero, y le

prohíbe la utilización de la palabra carcelero en lo

sucesivo. el interno sostuvo que su comportamiento fue

correcto y que el uso de la mencionada denominación

del funcionario de prisiones no es despectivo. adujo la

lesión del art. 25.2 ce en cuanto establece que los

derechos del condenado no pueden limitarse salvo por el

contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena

y la ley penitenciaria. denunció también la infracción

de los arts. 3 logp, y 2 y 3 del reglamento penitenciario.

sostuvo, finalmente, que no se puede limitar ni prohibir

un derecho como la libertad de expresión cuando su

ejercicio no perjudique la seguridad o el orden de la

cárcel, ni esté expresamente limitado por la pena

impuesta.

d) el juzgado de vigilancia penitenciaria desestimó

el recurso de reforma en auto de 3 de agosto de 2001

con un razonamiento jurídico único del siguiente tenor:

que procede mantener por sus propios fundamentos

la resolución recurrida, al no apreciarse en las nuevas

alegaciones méritos bastantes que la desvirtúen.

e) en el recurso de apelación, el interno alegó la

infracción de la libertad de expresión (art. 20.1 ce) y

del art. 25.2 ce en su segundo inciso al habérsele

limitado aquel derecho fuera de los casos previstos en el

mencionado artículo. también adujo las infracciones de

disposiciones de la ley orgánica general penitenciaria

y del reglamento penitenciario correspondientes.

respecto a la primera queja, razonó que, si conforme al

art. 25.2 ce solo se pueden limitar los derechos de los

internos si su ejercicio es incompatible con el

cumplimiento de la condena y cuando lo dispongan las leyes,

resulta de todo punto improcedente que solamente a

través de una resolución judicial no condenatoria, dictada

en un expediente sancionador, se recorten derechos

civiles de un interno como lo es el hecho de que se abstenga

de utilizar la expresión sr. carcelero en los términos

expresados en el auto objeto de recurso, toda vez que

dicha expresión, si bien puede resultar más o menos

desagradable, no puede calificarse, en sí misma, de

ofensiva cuando va dirigida a una persona que desempeña

ese trabajo.

f) la audiencia provincial desestimó el recurso de

apelación en auto de 5 de noviembre de 2001, previo

informe del fiscal favorable a la desestimación del

siguiente tenor: el fiscal interesa la desestimación del

recurso del interno contra la sanción disciplinaria y la

confirmación de la resolución recurrida por los

argumentos allí utilizados. en dicho auto la audiencia provincial

razonó que el derecho a la libertad de expresión no

autoriza faltas en el honor ajeno, y que el carácter vejatorio,

humillante e injurioso de la expresión deriva del contexto

y la intención de quien lo emite; específicamente: por

la misma razón que no es legítimo que un funcionario

de prisiones se dirija a un interno llamándole asesino,

violador, ladrón o el adjetivo que corresponda al delito

por el que cumple condena, tampoco cabe permitir que

el interno se dirija al funcionario llamándole carcelero

so pretexto de que el término gramaticalmente se

corresponda con su oficio, pues en el contexto en que se

pronuncia y dado el enfrentamiento subyacente que el

propio recurrente reconoce, tiene una indudable carga

ofensiva y con esa intención se utiliza.

3. el recurrente aduce la vulneración de los

derechos a la presunción de inocencia (art. 24.2 ce), a ser

informado de la acusación, a la defensa, al proceso con

todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin

indefensión, y al principio acusatorio (art. 24.2 ce), y el

derecho a la libertad de expresión (art. 20.1 ce) en relación

con el art. 25.2 ce.

a) alega, en primer término, la vulneración del

derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 ce), por

cuanto no existiría prueba sobre la cuestión relativa a que

la expresión sr. carcelero se hubiera utilizado de forma

ofensiva, con intención de faltar al honor del funcionario,

o la actitud despreciativa, ni de que existiera un previo

enfrentamiento entre el funcionario de prisiones y el

interno. de otra parte, se afirma que la expresión no

es despreciativa, insistiéndose en que es la

denominación de un oficio, y que dicho carácter ofensivo tampoco

se deduce del contexto en el que fue proferida. a este

respecto aduce que las declaraciones de los otros

funcionarios de prisiones nada aportan sobre esta cuestión,

y que el informe de la dirección del centro penitenciario

no sirve para enervar la presunción de inocencia porque

se emite en defensa del funcionario. vuelve a insistir

de forma individualizada en los elementos -intención

y contexto- en los que se basan los órganos judiciales

para entender que la expresión es despreciativa,

negando dicha conclusión.

b) en segundo término, la demanda de amparo

sostiene que se han vulnerado los derechos del sr. figueroa

fernández a ser informado de la acusación, a la defensa,

a un proceso con todas las garantías, y a la tutela judicial

efectiva sin que en ningún caso pueda producirse

indefensión (art. 24 ce), dado que el juzgado de vigilancia

penitenciaria habría condenado al interno -a no poder

utilizar una determinada expresión, lo que supone una

restricción de su libertad- en un procedimiento iniciado

por el mismo. afirma que resulta curioso que una queja

iniciada por el interno haya tenido como consecuencia

una condena para éste. argumenta que en dicho

expediente nunca tuvo conocimiento de los hechos y

acusaciones que se vertían contra él, ni pudo defenderse

frente a los mismos; en particular, recibidos los informes

y declaraciones pedidos por el juzgado de vigilancia

penitenciaria al centro penitenciario, nunca se le dio

traslado de ellos al interno, a pesar de que contenían distintas

acusaciones contra él, de modo que el juzgado dictó

la resolución sin que el promotor de la queja, el interno,

pudiera defenderse y efectuar las alegaciones que

estimare oportunas, condenándosele finalmente a no poder

utilizar la expresión sr. carcelero. en definitiva, se le

condenó sin que hubiera una acusación formal contra

él, sin que hubiera un expediente promovido contra el,

sino que solo ha habido acusaciones implícitas en las

alegaciones efectuadas por el centro penitenciario.

conforme al principio acusatorio, el órgano jurisdiccional no

puede sancionar infracciones que no hayan sido objeto

de acusación, de modo que la sanción ha de recaer

sobre los hechos que se imputan. por consiguiente, se

habría vulnerado el principio acusatorio, porque de

conformidad con la jurisprudencia constitucional no cabe

acusación implícita (sentencias de 11 de diciembre

de 1985, 10 de abril de 1981, 23 de noviembre

de 1983, 6 de febrero de 1988).

c) por último, se aduce la vulneración del derecho

a la libertad de expresión (art. 20.1 ce) en relación con

el art. 25.2 ce. la demanda se remite, de un lado, a

lo expuesto en el escrito de formalización del recurso

de apelación, en el que ya adujo que al ordenársele por

el juzgado de vigilancia penitenciaria que no utilizara

tal expresión se le vulneraba su derecho a la libertad

de expresión. a ello se añade que no se pueden recortar

derechos civiles de un interno sin que ello suponga

infracción de estos preceptos constitucionales, así como de

los arts. 3 logp y 3 y 4 del reglamento penitenciario.

se aduce que la expresión sr. carcelero no es ofensiva,

ni injuriosa o humillante cuando se dirige a las personas

que realizan ese oficio. se sostiene que, en todo caso,

para concluir que una determinada expresión es ofensiva

o vejatoria habrá de demostrarse todo ello en un

proceso con todas las garantías, respetando el derecho a

tal proceso, a la defensa, a conocer la acusación, al

respeto al principio acusatorio, a la presunción de inocencia

y a la tutela efectiva sin que en ningún caso se produzca

indefensión.

4. por providencia de 12 de febrero de 2003, la

sección segunda de este tribunal acordó la admisión

a trámite de la demanda y, a tenor de lo dispuesto en

el art. 52 lotc, dar vista de las actuaciones en la

secretaria de la sala, por un plazo común de veinte días,

al ministerio fiscal y al procurador don joaquín pérez

de rada gonzález de castejón, para que dentro de dicho

término pudieran presentar las alegaciones que a su

derecho conviniera, y al abogado del estado para que

dentro de dicho plazo pudiera personarse si lo estimare

oportuno y formular las alegaciones del mencionado

art. 52.

5. por escrito registrado en este tribunal el 14 de

marzo de 2003 el ministerio fiscal interesó la estimación

de la demanda de amparo al considerar que se ha

vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin

indefensión del recurrente al haberse producido una

incongruencia extra petita que ha ocasionado indefensión al

recurrente, esto es, un pronunciamiento judicial que

recae sobre una cuestión no incluida en las pretensiones

de las partes, dado que se trataba de una queja instada

por el interno. considera el ministerio fiscal que al

estimarse la vulneración del derecho a la tutela judicial

efectiva y, por ende, la del derecho a la libertad de expresión,

determina que resulte innecesario examinar la última

pretensión del demandante de amparo que guarda

relación con este último derecho porque, con independencia

de que conduciría al mismo resultado de anular la

resolución recurrida en la medida en la que restringe dicho

derecho, no parece procedente que el tribunal anticipe

su opinión sobre la compatibilidad que pueda existir

entre una resolución judicial que sancione a un interno

de un centro penitenciario por dirigirse a un funcionario

del mismo utilizando la expresión sr. carcelero y el

contenido del derecho a la libertad de expresión, cuando,

como ocurre en el presente caso, dicha resolución se

ha adoptado con vulneración de otros derechos

fundamentales que impide que propiamente hablando pueda

decirse que se está en presencia de una verdadera

resolución judicial. en consecuencia, solicita la anulación

total del auto de 5 de noviembre de 2001 y la anulación

parcial de los autos del juzgado de vigilancia

penitenciaria en la parte de los mismos que imponían al

demandante de amparo que se abstuviera de utilizar la

expresión sr. carcelero para dirigirse a los funcionarios del

centro penitenciario.

6. por escrito registrado en este tribunal el 7 de

marzo de 2003 la representación del recurrente de

amparo reiteró las pretensiones de la demanda y su

fundamentación, modificando parcialmente el petitum de

la demanda al matizar que, si bien en la demanda se

solicita la anulación total de las resoluciones recurridas,

es lo cierto que solo deben anularse en la parte en la

que se condenó al recurrente a no utilizar la expresión

sr. carcelero y no en el resto de los pronunciamientos

favorables al recurrente que estimaron su queja.

7. por escrito registrado en este tribunal el 10 de

marzo de 2003 el abogado del estado interesó la

desestimación íntegra de la demanda de amparo.

sostiene el abogado del estado que de las tres

vulneraciones aducidas sólo merece examen la tercera,

porque las relativas a la presunción de inocencia y al proceso

con todas las garantías parten de considerar que el

interno ha sido sancionado disciplinariamente y no es así,

puesto que se trata de una medida judicial enderezada

a proteger el honor de los funcionarios, amén de

contribuir al buen orden penitenciario. en su opinión, no

se trata de una sanción, porque no coincide con ninguna

de las enumeradas en el art. 111 del reglamento

penitenciario, ni cabría conceptuarla como amonestación,

porque consiste en intimar un non facere para el futuro.

tampoco es una sanción material, dado que no tiene

carácter retributivo ni reactivo respecto de un previo

comportamiento ilícito, sino que se proyecta hacia el

porvenir. se trata, en opinión del abogado del estado,

de una medida protectora del honor de los funcionarios

de instituciones penitenciarias. el art. 5.2 c) del

reglamento penitenciario impone a los internos el deber de

mantener una actitud de respeto y consideración hacia

las autoridades, los funcionarios, trabajadores,

colaboradores de instituciones penitenciarias, reclusos y demás

personas, tanto dentro como fuera del establecimiento,

y el incumplimiento de este deber puede dar lugar a

la falta disciplinaria muy grave del art. 109 a) del

reglamento penitenciario. el auto del juzgado de vigilancia

penitenciaria habría concretado ese deber de respeto

de los funcionarios ordenando al recluso abstenerse de

utilizar la citada expresión. en la medida en que no se

trata de una sanción no cabría invocar el art. 24.2 ce

en lo que concierne al derecho a la presunción de

inocencia ni en lo que se refiere a las garantías del proceso

debido. de otra parte, considera el abogado del estado

que estos derechos no fueron invocados en el recurso

de apelación ante la audiencia provincial.

en cuanto al uso de la expresión sr. carcelero

argumenta el abogado del estado que si nos atenemos a

los diccionarios o al uso histórico, la expresión sr.

carcelero aplicada a un funcionario de prisiones no podría

en si misma calificarse de ofensiva ni despectiva. de

un lado, el diccionario de la real academia española

de la lengua define carcelero como persona que tiene

cuidado de la cárcel y el diccionario del español actual

de seco, andrés y ramos, como guardián de una

cárcel. de otra parte en el derecho histórico se encuentran

citas de la expresión; así en la ley viii del título xx,

libro ix de la sexta partida como el carcelero mayor

due dar cuenta cada mes de los presos que tuviere en

guarda, a aquel que los manda guardar, o la ley i del

título xxxviii del libro xii de la novísima recopilación,

que recoge pragmáticas de don juan ii de castilla y

de los reyes católicos intitulada calidades, presentación

y juramento de los carceleros ante los alcaldes de corte

y justicias para el uso de su oficio, donde se afirma

que los oficios de los carceleros deben ser de gran

diligencia y conviene que los tengan hombres fiables.

afirma el abogado del estado que no es aventurado

pensar que con la palabra carcelero ha podido ocurrir

recientemente lo mismo que con palabras como viejo,

ciego o cojo, que en determinados tipos de

documentos, contextos y aun registros lingüísticos vemos hoy

sustituidas por mayor, invidente y discapacitado.

la palabra subnormal habría comenzado siendo

término puramente descriptivo y levemente eufemístico,

pero en pocos años se habría cargado de una valencia

lingüística negativa, hasta convertirse en un tabú o,

directamente, en un insulto. en su opinión, nos

encontramos en un proceso comunicativo social en cuya virtud

muchas condiciones y profesiones humanas buscan

eufemismos, más o menos afortunados, con los que

sustituir palabras que en el pasado fueron netamente

denotativas y emocionalmente neutras. se habría

generalizado, prosigue, una especie de reclamación del derecho

al eufemismo que sus partidarios incluirían en el

derecho al respeto y consideración (autorrespeto) cuyo

encuadramiento constitucional puede estar a caballo de

los arts. 10.1 (dignidad), 15 ce (integridad moral) y el

art. 18.1 (derecho al honor).

a partir de estas consideraciones sostiene el abogado

del estado que, en función del contexto, la expresión

sr. carcelero puede convertirse en un medio de

vejación y una forma de minar la autoridad del funcionario

a quien se dirige. en el informe del director del

establecimiento y en la declaración del funcionario se reflejan

las circunstancias relativas a la animadversión del interno

al funcionario y que habitualmente el interno trata al

funcionario con menosprecio y sorna delante del resto

de los internos con el apelativo sr. carcelero cuando

normalmente al resto de los sres. funcionarios no se

dirige de esta forma, con lo que quiere provocar la

pérdida de entidad de este sr. funcionario en su labor

cotidiana con la población reclusa y la pérdida de respeto

por parte del resto de los internos hacia este sr.

funcionario. también consta que el interno y otro actúan

con el designio evidente de perturbar el orden del

establecimiento, tomando como objetivo a funcionarios que

se esfuerzan en cumplir correctamente sus funciones.

sostiene el abogado del estado que este tribunal no

puede valorar estas circunstancias, pues el art. 44.1 b)

lotc le obliga a atenerse a la fijación judicial de los

hechos. de otra parte, señala también que ni los escritos

del interno contradicen estos datos ni ofrecen una

explicación racional para su opción lingüística cuando le

consta que su destinatario lo siente como ofensivo y vejatorio.

el interno se remite al diccionario pero, con esta

estrategia argumentativa, lejos de disipar la finalidad ofensiva

que al reiterado uso del sr. carcelero le atribuyen el

funcionario vejado, su superior y los dos órganos

jurisdiccionales, lo que hace es confirmarnos cuál es la

finalidad pretendida por el recurrente: ridiculizar, vejar y

minar la autoridad del funcionario.

8. por providencia de 5 de noviembre de 2003 se

señaló para deliberación y votación de la presente

sentencia el día 10 del mismo mes y año, en el que se

inició el trámite que ha finalizado el día de la fecha.

ii. fundamentos jurídicos

1. la presente demanda de amparo se dirige contra

los autos del juzgado de vigilancia penitenciaria núm. 2

de castilla-león (burgos) de 10 de julio y 3 de agosto

de 2001 y contra el auto de la sección primera de

la audiencia provincial de palencia de 5 de noviembre

de 2001. en virtud de dichas resoluciones al demandante

de amparo se le ha ordenado se abstenga de utilizar

la expresión sr. carcelero para dirigirse a cualquier

funcionario de prisiones, so pena de incurrir en la falta

disciplinaria del art. 109 a) del reglamento

penitenciario. el recurrente alega la vulneración de los derechos

a la presunción de inocencia (art. 24.2 ce), a ser

informado de la acusación, a la defensa, a un proceso con

todas las garantías, y a la tutela judicial efectiva sin

indefensión (art. 24.2 y 24.1 ce), y a la libertad de expresión

(art. 20.1 ce) en relación con el art. 25.2 ce.

el ministerio fiscal interesa la estimación de la

demanda al entender que se ha vulnerado el derecho del

recurrente a la tutela judicial efectiva sin indefensión,

ya que se habría producido un pronunciamiento del

órgano judicial sobre una cuestión no incluida en las

pretensiones de la queja instada por el interno. la

estimación de la demanda por este motivo convertiría en

improcedente que este tribunal anticipe su opinión sobre la

eventual compatibilidad con la constitución de una

sanción impuesta por el uso de la expresión sr. carcelero.

la estimación de la demanda tendría como efecto la

nulidad total del auto de 5 de noviembre de 2001 de

la audiencia provincial de palencia y la nulidad parcial

de los autos de 10 de julio y 3 de agosto de 2001

del juzgado de vigilancia penitenciaria, tan sólo en

cuanto a la orden dirigida al recurrente de abstenerse de

usar dicha expresión.

por el contrario, el abogado del estado interesa la

desestimación íntegra de la demanda de amparo. de

un lado, entiende que al no poder considerarse que la

orden impuesta es una sanción, tanto en atención a su

naturaleza sólo preventiva, como a no figurar entre las

sanciones enumeradas en el art. 111 del reglamento

penitenciario, no serían de aplicación los derechos a la

presunción de inocencia y al proceso con todas las

garantías (art. 24.2 ce), cuyo ámbito queda reducido al de

la imposición de sanciones disciplinarias. de otra parte,

en opinión del abogado del estado, si bien la expresión

sr. carcelero no puede calificarse de ofensiva, ni en

atención a su significado histórico ni al que le otorgan

los diccionarios al uso, sin embargo, resulta ofensiva

del honor del funcionario de prisiones ya que en su

comprensión actual tiene un sentido despectivo genérico,

y porque, en el caso concreto, el contexto y la intención

del interno, constatada por el juzgado de vigilancia

penitenciaria, así lo avalan. de modo que la expresión dicha

no podría entenderse amparada por el derecho a la

libertad de expresión del demandante de amparo.

2. con carácter previo al examen de las

vulneraciones aducidas en la demanda de amparo resulta

pertinente precisar lo acontecido a los efectos de delimitar

las especiales características del caso. como se ha

expuesto con detalle en los antecedentes, el demandante

acudió en queja ante el juzgado de vigilancia

penitenciaria, aduciendo que se le habían esparcido sus

pertenencias por la celda y haber sido insultado por un

funcionario de prisiones. el juzgado de vigilancia

penitenciaria, en su auto de 10 de julio de 2001, estimó

la queja del interno, reconociendo derivarse de las

actuaciones obrantes en autos la actitud un tanto hostil

del funcionario de prisiones frente al interno, lo que,

en modo alguno, puede aceptarse (razonamiento

jurídico segundo). pero, además, el juzgado de vigilancia

penitenciaria, considerando que la expresión sr.

carcelero era despreciativa para el funcionario, ordenó al

interno que se abstuviera de utilizar la expresión para

dirigirse a cualquier funcionario de prisiones, so pena

de incurrir en falta disciplinaria del art. 109 a) del

reglamento penitenciario (razonamiento jurídico tercero y

parte dispositiva del citado auto).

por consiguiente, el caso que nos corresponde

enjuiciar no es el de la imposición de una sanción en el

ejer

cicio de la potestad disciplinaria atribuida a la comisión

disciplinaria y al director del establecimiento

penitenciario por la legislación (art. 44.1 de la ley orgánica

general penitenciaria, logp, en relación con el art. 232

del reglamento penitenciario), tras la tramitación del

correspondiente expediente sancionador, por considerar

que el interno, al utilizar la citada expresión en un

determinado contexto espacio-temporal, incurrió en alguna

de las infracciones tipificadas en los arts. 108, 109 o 110

del reglamento penitenciario -real decreto

1201/1981, de 8 de mayo-. se trata, por el contrario,

de una orden del juzgado de vigilancia penitenciaria

destinada al interno de abstenerse de utilizar una

determinada expresión en el futuro para dirigirse a cualquier

funcionario de prisiones, que ha sido dictada en el

marco de un procedimiento instado por el propio interno.

como advierte el abogado del estado, la medida

impuesta tiene carácter preventivo, siendo la finalidad

de la orden judicial impeditiva del uso de la expresión

evitar el eventual daño en el honor ajeno -de los

funcionarios de prisiones-, por partir de la consideración

de que la utilización de dichos términos ya efectuada

es menospreciativa del honor del funcionario a quien

el interno se dirigió con ella. a su carácter de medida

preventiva ha de añadirse su condición de ilimitada, tanto

en el tiempo, como respecto del círculo de los

funcionarios de prisiones, del establecimiento penitenciario en

el que se encuentra o de otros a los que pudiera ser

trasladado.

el enjuiciamiento de la adecuación a los derechos

fundamentales invocados en la demanda de amparo de

la restricción judicial impuesta al recurrente del uso de

los términos sr. carcelero debe efectuarse atendiendo

estrictamente a las características de la misma y a las

circunstancias y marco jurisdiccional en que ésta ha

tenido lugar, por cuanto todas ellas configuran la especial

singularidad del caso que nos ocupa.

3. pues bien, lo acontecido en el juzgado de

vigilancia penitenciaria constituye una vulneración del

derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1

ce) del recurrente de amparo, ya que la medida

restrictiva de la libertad de expresión se ha adoptado sin

que exista previsión legal al efecto, de modo que ha

sido impuesta por órgano judicial incompetente y en

el marco de un procedimiento substanciado sin las

debidas garantías; todo ello, como afirma el ministerio fiscal,

impide que se pueda decir en sentido propio que nos

hallamos en presencia de una verdadera resolución

judicial.

en efecto, hay que señalar, en primer término, que

la ley orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, general

penitenciaria, no contiene previsión alguna que habilite

al juzgado de vigilancia penitenciaria para adoptar una

medida restrictiva de la libertad de expresión del interno

como la adoptada en el caso. así, ni en los arts. 76

y 77 logp, que regulan las atribuciones del juzgado

de vigilancia penitenciaria, ni en ningún otro precepto

de dicha ley, aparece prevista la limitación del derecho

a la libertad de expresión de los internos consistente

en la prohibición general del uso de ciertos términos

o expresiones. la limitación del derecho a la libertad

de expresión del interno podrá producirse en el marco

de un procedimiento disciplinario en ejercicio de la

potestad sancionadora de la administración penitenciaria

(art. 44.1 logp en relación con el art. 232 del

reglamento penitenciario) o, en caso de que quien considera

su honor lesionado acuda a la jurisdicción ordinaria en

protección del mismo, en el marco de dicho proceso.

el juzgado de vigilancia penitenciaria solo tiene

competencia para revisar a instancias del interno sancionado

la legalidad y constitucionalidad de la sanción impuesta

por la administración penitenciaria [art. 76.2 e) logp]

o para aprobar las propuestas de sanción de aislamiento

en celda superior a catorce días [art. 76.2 d) logp].

pero el juzgado de vigilancia penitenciaria carece de

jurisdicción para amparar el derecho al honor del

funcionario de prisiones. como establece el art. 76.1 logp

y ha resaltado este tribunal en numerosas ocasiones,

al juzgado de vigilancia penitenciaria le corresponde

un relevante papel en nuestro sistema penitenciario, ya

que tiene asignada la función de salvaguardar los

derechos de los internos y corregir los abusos y desviaciones

que en el cumplimiento de los preceptos de régimen

penitenciario puedan producirse (por todas, sstc

73/1983, de 30 de julio, fj 6; 175/1997, de 27 de

octubre, fj 3; 9/2003, de 20 de enero, fj 3). ha de

recordarse, en fin, que en el ejercicio de la potestad

jurisdiccional que en exclusiva les corresponde, los

jueces y magistrados se encuentran sometidos al imperio

de la ley (art. 117.1 ce), de modo que una actuación

al margen de la ley que habilita su actuación constituye

un exceso de jurisdicción que vulnera el derecho a la

tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 ce),

como este tribunal tiene declarado (sstc 43/1988, de

16 de marzo, fj 6; y 173/2002, de 9 de octubre, fj 6).

4. de otra parte, aunque existiera previsión legal

y fuera el juzgado de vigilancia penitenciaria el

competente para imponer la limitación de la libertad de

expresión, dicha limitación no podría ordenarse en el marco

de una queja suscitada por el interno, pues dicha queja

acota el objeto de su pronunciamiento en el caso

concreto, ya que el deber de congruencia con la pretensión

y el derecho de defensa constituyen garantías de todo

procedimiento jurisdiccional. además, teniendo en

cuenta que el juzgado de vigilancia penitenciaria tiene, como

acabamos de señalar, competencia para revisar la

sanción eventualmente impuesta por la administración

penitenciaria [art. 76.2 e) logp] o para aprobar las

propuestas de sanción de aislamiento en celda superior a

catorce días [art. 76.2 d) logp], la admonición efectuada

por aquél al interno de incurrir en la infracción del

art. 109 a) del reglamento penitenciario constituye la

manifestación de un juicio previo, si no sobre la total

corrección de la eventual imposición ulterior de una

sanción por el nuevo uso de la misma expresión, sí del

carácter lesivo del honor del funcionario de la citada

expresión; juicio previo que socava su imparcialidad y

el derecho a la tutela judicial efectiva del interno, si

eventualmente la llegase a recabar.

por lo demás, la limitación de la libertad de expresión,

o cualquier otra que afectara a otro derecho

fundamental, tampoco podría acordarse en un procedimiento como

éste en el que no se le ha dado la posibilidad al afectado

de alegar frente a ella; en este marco es en el que deben

contextualizarse las alegaciones del recurrente de que

nunca tuvo acceso al informe del funcionario afectado

ni al de otros funcionarios del mismo módulo que

declararon sobre el incidente, así como las alegaciones

relativas a que en ningún momento fue formalmente

informado de la acusación, es decir, a la quiebra, en definitiva,

de las garantías del proceso justo. quejas, todas ellas,

que, unidas a la relativa a la lesión del derecho a la

presunción de inocencia, deben enmarcarse en la

declaración que acabamos de efectuar, señalando que la

restricción del derecho fundamental a la libertad de

expresión sólo puede imponerse por el órgano judicial

competente en el marco de un proceso y con las debidas

garantías, de modo que las quiebras de garantías

producidas en el seno del proceso judicial en el que se

autoriza dicha restricción constituyen déficits de la tutela

judicial que ex constitutione el derecho fundamental

requiere.

en suma, en el procedimiento que se inicia con la

queja del interno podrá decidirse su estimación o

deses

timación, pero en cambio no resulta en modo alguno

admisible la adopción de medidas que puedan implicar

un perjuicio o menoscabo de sus derechos, que es lo

que ha ocurrido en el caso que se examina, al imponer

las decisiones judiciales impugnadas limitaciones en el

ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de

expresión.

por consiguiente, y aunque pudiera asistirle la razón

al abogado del estado en que el uso de la expresión

fuera en un contexto determinado ofensivo, este juicio

no podía realizarlo el juzgado de vigilancia penitenciaria

al carecer de jurisdicción, como tampoco podía dicho

órgano judicial advertir -amonestar- al interno sobre las

eventuales consecuencias legales que la utilización de

la misma tendría. por ello, y como señala el ministerio

fiscal, el pronunciamiento de este tribunal debe ceñirse

a declarar que la ausencia de previsión legal de la

restricción, su imposición por órgano judicial incompetente

y en el marco de un procedimiento substanciado sin

las debidas garantías, sustentan la vulneración del

derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1

ce) del recurrente de amparo y de forma derivada del

derecho a la libertad de expresión (art. 20.1.a ce).

5. la reparación de la vulneración del derecho a

tutela judicial efectiva sin indefensión del recurrente se

satisface con la anulación total del auto de la sección

primera de la audiencia provincial de palencia de 5 de

noviembre de 2001 y la anulación parcial de los autos

del juzgado de vigilancia penitenciaria núm. 2 de

castilla-león (burgos) de 10 de julio y 3 de agosto de 2001,

tan sólo en cuanto ordenan al recurrente abstenerse de

utilizar en el futuro la expresión sr. carcelero al dirigirse

a cualquier funcionario de prisiones y le advierten de

que en uso de la misma puede incurrir en la falta

disciplinaria del art. 109 a) reglamento penitenciario -real

decreto 1201/1981, de 8 de mayo.

fallo

en atención a todo lo expuesto, el tribunal

constitucional, por la autoridad que le confiere la constituciÓn

de la naciÓn espaÑola,

ha decidido

otorgar el amparo solicitado por don Ángel carlos

figueroa fernández y, en consecuencia:

1.o reconocer el derecho del recurrente a la tutela

judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 ce).

2.o anular el auto de la sección primera de la

audiencia provincial de palencia de 5 de noviembre

de 2001 y anular parcialmente los autos del juzgado

de vigilancia penitenciaria núm. 2 de castilla-león

(burgos) de 10 de julio y 3 de agosto de 2001, tan sólo

en cuanto ordenan al recurrente abstenerse de utilizar

en el futuro la expresión sr. carcelero al dirigirse a

cualquier funcionario de prisiones y le advierten de que

en uso de la misma puede incurrir en la falta disciplinaria

del art. 109 a) reglamento penitenciario -real

decreto 1201/1981, de 8 de mayo.

publíquese esta sentencia en el boletín oficial del

estado.

dada en madrid, a uno de diciembre de dos mil

tres.-manuel jiménez de parga y cabrera.-pablo garcía

manzano.-maría emilia casas baamonde.-javier

delgado barrio.-roberto garcía-calvo y montiel.-jorge

rodríguez-zapata pérez.-firmado y rubricado.

 

Ayudanos en el Foro, con las preguntas de los compañeros

Publicado: 2012-01-06

Temas urbanisticos de Coordinador de Seguridad

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2017-09-14  Kdespolpp cqwqbehwl
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2015-12-13  You really saved my skin with this ininamrtfoo. Thanks!

2012-12-19  jajaja suena ridiculo que este hmrboe use el argumento de que vende quesos y los clientes le pagan los quesos en el casino.Osea, no solo quiere lavar su cochino dinero con el negocio de los quesos oaxaca, sino que tambien quiere usar este argumento para lavarse las manos del crimen que cometio.Si fuera verdad lo de los quesos entonces porque no se presenta a declarar y tambien jalan a los que le estan pagando los quesos segun el?Ojala y que lo hagan queso en la carcel por culero.

2012-10-03  Way to use the intenert to help people solve problems!

2012-06-02  el soldado JAVIER SECO ALVAREZ.a causado daño Moral a dama en
su pais hoy dia se esconde tras el nombre del coronel del
Cuartel General Del Ejercito c. Prim No.6 28004 Madrid Spain

2012-05-03  El derecho de acsceo es fundamental, pero insuficiente sin el ejercicio del derecho a la informacif3n; es decir el derecho a exigir a los medios de comunicacif3n que cumplan con su deber de ofrecernos informacif3n veraz, plural, completa y de relevancia pfablica,Y como complementario el derecho a la comunicacif3n; es decir, el de disponer libremente de las herramientas de comunicacif3n para difundir la informacif3n a que hayamos tenido acsceo.

2012-01-06  Life is short, and this article saved vluaable time on this Earth.


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